Se entienden para embarazos forzados los que resultan de una relación sexual no deseada. Algunos investigadores utilizan este concepto para referirse específicamente a las gestaciones resultantes de una violación realizada como arma de guerra, utilizada en conflictos armados de todo el mundo. También se considera embarazo forzoso aquel que la mujer considera peligroso para su salud, su vida y su integridad.
Según diversos estudios, cada año hay más de 30.000 embarazos relacionados con violaciones entre las mujeres adultas de los EUA. Otras fuentes estiman unos 25.000 casos y consideren que unos 22.000 podrían evitarse si las mujeres recibiesen atención médica oportuna y anticoncepción de emergencia en caso de necesidad.
El uso de la violación y del embarazo forzado como arma de guerra ha sido documentado en países en conflicto como Bangladesh, Chechenia, Guatemala, Corea, Liberia, Ruanda, Serra Leona y la ex-Yugoslavia. Se calcula que de dos a cinco mil niños fueron producto de violaciones durante la guerra en Ruanda.
Las mujeres son forzadas a tener abortos por diversas razones: ser portadoras del VIH/SIDA, la coacción familiar o de la pareja o por las políticas gubernamentales. En algunos casos, adolescentes embarazadas han sido obligadas a abortar para preservar el honor familiar.
En India, la Asociación Médica India calcula que cada año se abortan tres millones de fetos femeninos después de conocer su sexo mediante una ecografía, a pesar de que la Ley de Prevención de Diagnósticos Prenatales, que prohíbe el uso de ecografías para determinar el sexo del feto. Un estudio realizado en la comunidad rural de Maharashtra Occidental durante el período 1996-98 detectó que el 17,6% de abortos se efectuaron para evitar que naciesen niñas. Las mujeres que abortaban a causa del sexo del feto afrontaban presiones familiares, de la comunidad e incluso de los mismos médicos.
En el Estado español:
Para toda persona que produzca el aborto de una mujer sin su consentimiento, el Código Penal español prevé penas de prisión de 4 a 8 años y una inhabilitación especial de 3 a 10 años para ejercer cualquier clase de profesión sanitaria o para prestar servicios de toda clase en clínicas, establecimientos y consultorios ginecológicos públicos y privados. En caso de haber obtenido la autorización de la mujer mediante violencia, amenaza o engaño, se impondrán las mismas penas.
El Real Decreto 2409/1986 y la Ley Orgánica 41/2002 estipulan que los centros de planificación familiar y las clínicas que practiquen abortos tendrán que informar a las pacientes de los detalles y de los efectos físicos y psicológicos de la intervención.
El Tribunal Supremo considera que el consentimiento informado es un Derecho Humano fundamental contemplado en la legislación internacional sobre Derechos Fundamentales, en la Carta Magna española, en la Ley General de Sanidad y en el Convenio Internacional para la Protección de los Derechos Humanos respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina.
FUENTES
De Bruyn, Maria, 2003. La violencia, el embarazo y el aborto. Cuestiones de derechos de la mujer y de salud pública. IPAR (Protegiendo la salud de las mujeres y avanzando en sus derechos sexuales y reproductivos).
Amnistia Internacional, 26 d’agost del 2004. Comunicat AU 256/04, Por a l’execució imminent.
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DERECHO A LA LIBERDAD Y SEGURIDAD.
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