La violencia doméstica es, con mucha diferencia, la forma más común de violencia por motivos de género. Sobre la base de datos de encuestas, en algunos países un 10% de las mujeres y en otros hasta un 69% sufren la violencia domestica.

En el informe de 2005 del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre el tráfico de personas se estima que cada año entre 600.000 y 800.000 personas son objeto de tráfico para trabajo forzado y, mayoritariamente, para la explotación sexual comercial. Estas personas son en un 80% mujeres y niñas y hasta la mitad son menores de edad.

En Australia, Canadá, Estados Unidos, Israel y Sudáfrica, entre un 40% y un 70% de las mujeres víctimas de asesinato lo fueron a manos de sus compañeros.

En países como Egipto, India, Etiopía, México y Nicaragua, entre el 14% y el 32% de las mujeres denuncian habar sufrido abusos físicos o sexuales durante el embarazo. El agresor muchas veces es la pareja de la víctima.

La violencia durante el embarazo incrementa el riesgo de parto prematuro, bajo peso del bebé, anemia, infecciones de transmisión sexual, infecciones urinarias, abuso de substancias y otros problemas de salud mental.

Entre 100 y140 millones de mujeres y niñas de todo el mundo han sufrido la mutilación genital y unos 2 millones corren el riesgo de sufrirla cada año.

El 80% de casos de mutilación genital suponen la escisión del clítoris y de los labios menores. Un 15% suponen la infibulación -ablación del clítoris, labios mayores y menores y sutura de ambos costados de la vulva -, que se practica en Djibouti, Somalia y en el norte de Sudán. En Somalia, la infibulación afecta al 80% de las mujeres.

Las mujeres jóvenes y las adolescentes son especialmente vulnerables a la violencia por motivos de género. En todo el mundo, casi el 50% de todos los ataques sexuales son perpetrados contra niñas de 15 años e incluso más jóvenes, y todas declaran que la primera experiencia sexual fue con coacción.

Entre los años 2002 y 2005 han muerto casi 200 mujeres de todo el Estado a manos de sus parejas o exparejas. En 2004, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de la Mujer alertó a España de la persistencia del problema de la violencia contra las mujeres.

Los delitos contra la libertad sexual de menores crecieron casi un 10% entre 2002 y 2004, pasando de 3.500 a más de 3.800 casos. Los abusos afectan aún más a las niñas -de los 3.800 casos documentados, más de 3.000 las víctimas son mujeres- y hay una mayor incidencia en la franja de los 6 a los 12 años. Un tercio de las agresiones sexuales infantiles las cometen menores de 18 años.

El 23 de junio de 2005, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición de ley para perseguir extraterritorialmente la mutilación genital y castigar la ablación en el caso de que se practique en mujeres extranjeras residentes en España durante un viaje a su país de origen. La ley, concebida para afrontar los crecientes casos de mutilación en chicas y mujeres extranjeras residentes en España, supone añadir un apartado a los delitos cometidos por españoles y extranjeros fuera del territorio español, sobre los que la justicia española se declara competente. El artículo 149 del Código Penal tipifica la mutilación genital como delito de lesiones, punible con penas de hasta 12 años de cárcel. Francia y el Reino Unido ya persiguen extraterritorialmente la mutilación genital.

Catalunya es la comunidad autónoma del Estado español con más riesgo de mutilaciones genitales femeninas a causa del elevado número de inmigrantes; unas 4.200 procedentes de países subsaharianos donde se practica la ablación. Durante 2003, la Fiscalía de Girona tramitó 23 procedimientos cautelares para la protección de chicas de familias procedentes de países como Malí, Senegal, Gambia o Mauritania con el riesgo de sufrir la ablación en viajes a sus países de origen. El procedimiento tiene como objetivo informar a los padres de las consecuencias negativas de esta práctica y de su castigo penal en el territorio español. En casos de riesgo inminente, se puede llegar a prohibir la salida de la familia de territorio nacional, retirar el pasaporte a la menor e imponer un reconocimiento forense cada 6 meses para certificar que la ablación no se ha consumado.