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DERECHO A LA LIBERTAD DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN.
 
En estas conferencias los gobiernos de la comunidad internacional asumieron los siguientes compromisos legislativos para posibilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones relativas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos:

Asegurar la transparencia, responsabilidad y buena administración a todas las instituciones públicas, privadas e internacionales, en los procesos presupuestarios y en la prestación de servicios.

Establecer mecanismos para dar apoyo e involucrar a la sociedad civil, particularmente las personas implicadas en organizaciones de mujeres y jóvenes, en el diseño, ejecución, valoración y evaluación de programas y políticas a todos los niveles.

Establecer sistemas de seguimiento y evaluación de los servicios centrados en los usuarios para detectar, prevenir y controlar abusos por parte de los proveedores y, en definitiva, mejorar la calidad de los servicios.

Asimismo, los consensos y compromisos rubricados por la Plataforma de Acción de Beijing (PAM) han sido una base fundamental a partir de la cual se han aprobado leyes, implantado políticas públicas y consolidado instituciones destinadas a erradicar la discriminación de género, promover el reconocimiento social del papel de las mujeres y garantizar el ejercicio de los Derechos Humanos.

La Plataforma de Acción de Beijing es el documento más completo producido en el marco de una conferencia de las Naciones unidas con referencia a los derechos de las mujeres, porque incorpora lo que se ha acordado en conferencias y tratados anteriores, como por ejemplo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la CEDAW (Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer) y la Declaración de Viena.

En este proceso, la participación del movimiento feminista y de mujeres en la construcción, implantación, seguimiento y evaluación de la PAM ha sido significativa. A través de diferentes mecanismos, las mujeres han contribuido de manera relevante haciendo públicas sus demandas y necesidades, denunciando violaciones a sus Derechos Humanos, diseñando leyes y políticas públicas y haciendo propuestas específicas de lenguaje que han quedado plasmadas tanto en la PAM como en las medidas adoptadas por los gobiernos para su implantación.

El sector privado, por su parte, tiene también un papel importante en el campo de la salud sexual y reproductiva porque atiende habitualmente las necesidades de los grupos humanos con ingresos relativamente altos. Las clases medias y bajas dependen, básicamente, de los servicios suministrados por el sector público y las ONG. Mientras el sector público enfatiza el binomio que comprende el componente maternoinfantil, la atención de la patología (patología del sistema reproductivo, infecciones, enfermedades de transmisión sexual) y, con grados de cobertura variable, los servicios de planificación familiar, las ONG concentran sus esfuerzos en el ámbito preventivo como la planificación familiar y en otros aspectos específicos de la salud reproductiva y sexual, como la detección precoz del cáncer cervicouterino, y de promoción de la salud, dinamizando procesos que suponen un fuerte apoyo para la información, la educación y la comunicación (IEC).

Son evidentes los obstáculos que encuentran las instituciones de la sociedad civil para vincularse con el sector público a causa de la propia debilidad institucional y de la carencia de recursos financieros que posibiliten desarrollar una tarea sostenida a lo largo del tiempo.

En el Estado Español:

En el marco de esta participación de la sociedad civil, la Federación de Planificación Familiar del Estado y la Asociación de Planificación Familiar de Cataluña y Baleares, como organizaciones no gubernamentales, tienen los siguientes objetivos:

Incidir en la formulación de políticas públicas que garanticen el pleno ejercicio de estos derechos sin discriminación de ningún tipo.

Sensibilizar la opinión pública y los medios de comunicación en la defensa y promoción de estos derechos.

Promover y participar en la capacitación de recursos humanos sobre todas estas temáticas incorporando la perspectiva de género de una forma transversal en todos los ámbitos.

Impulsar una manera interdisciplinaria de entender la planificación familiar y la salud sexual, creando espacios y canales de encuentro, intercambio y reflexión para debatir y profundizar en el tema que nos ocupa.

FUENTES

Fondo de las Naciones Unidas para la Población (UNFPA). El Estado de la Población Mundial 2004.

Prioridades para la acción: Alianza con la sociedad civil. Fórum Objetivos de Desarrollo del Milenio, Propuestas para la Cumbre: Declaración de Brasilia, Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la Salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos en la Cumbre 2005, 4 de agosto del 2005.

ECLAC, stnt 01. eclac. cl/.../ ELCAIRO/WebHelp/docsid/refuerzo de la participación de la sociedad civil.

Seminario Regional Unesco "ONG, gobierno y desarrollo en la América Latina y el Caribe".

Título de la ponencia: Los derechos sexuales y reproductivos en el terreno de la acción política, Montevideo, noviembre 2001.

 
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03.02.2012
COMUNICADO DE MUJERES ANTE EL CONGRESO
02.02.2012
NOTA PRENSA FEDERACIN PLANIFICACION FAMILIAR
01.02.2012
NOTA DE PRENSA ACAI
25.01.2012
Nota de premsa 25-01-2012: Rebuig absolut davant les declaracions de canvis en la Llei de SSiR i d’IVE que ha fet el Ministre Gallardon
09.01.2012
Nota premsa APFCIB: Rebuig absolut davant la mesura d’avançar els pagaments dels avortaments que vol establir el Govern de les Illes Balears
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Valoració de l'APFCIB sobre les dades de l’Informe 2010 sobre Interrupcions Voluntàries de l’Embaràs (IVEs)
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